La educación española: ¿un derecho o un negocio?

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La educación española: ¿un derecho o un negocio?

El pasado 6 de octubre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habló acerca de la posible subida del IVA del 21% a los centros educativos privados. La ministra quiso rebajar las expectativas sobre este hecho al señalar que, lejos de ser una decisión tomada, la subida del mencionado impuesto era “solo un documento de trabajo que está sobre la mesa de negociación”.

Sin embargo, en un primer momento, poco semblante tenía de ser una mera posibilidad, pues se mostró como una propuesta que el Gobierno estudiaba y que pretendía contemplar en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

En declaraciones a Libertad Digital, el presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada, Juan Santiago García, explicó que, según sus estimaciones, el trasvase de estudiantes que pasaría a la enseñanza pública al no poder continuar en la privada oscilaría “entre el 50% y el 85%”. Eso supondría que parte del profesorado, del personal que trabaja en los centros y de muchas de las empresas que trabajan con ellos a nivel de servicios ya no serían necesarios debido al éxodo de estudiantes. Por tanto, ¿qué clase de amparo quiere brindar el Gobierno a los profesionales educativos del sector privado?

Se tiene la equivocada creencia de que solo las familias de poder adquisitivo considerable llevan a sus hijos a centros de estudios privados cuando, en realidad, también existe un amplio sector de la clase media que hace el esfuerzo de apuntarlos a este tipo de escuelas. Por ello, una subida del IVA no solo afectaría a profesores y al sector en sí, sino que desajustaría todos los planes educativos de familias que habían tomado una decisión en base a un precio determinado y que, con el consiguiente aumento, verían truncado el futuro académico de su prole tal y como lo habían planificado.

Cabe destacar que España es el cuarto país de Europa donde hay menos alumnado en la escuela pública, tanto en Primaria como en Secundaria. En concreto, solo un 68% de los alumnos españoles de Primaria y un 69% de los de Secundaria acuden a centros públicos, según datos de Eurostat, mientras que la media europea es de un 81%.

Así mismo, el artículo 27 de la Constitución Española expone que todos tenemos el derecho a la educación y que los poderes públicos han de garantizarlo. Si esto es cierto, ¿cómo es posible que el Gobierno plantee una medida que podría atentar contra esta garantía? Es cierto que en el caso de que un alumno no pudiese continuar con su formación en una entidad privada dispondría de las escuelas públicas para hacerlo, ¿pero debería modificar el tipo de educación que tenía previsto por culpa de la institución que tendría que velar por ella?

Lo recomendable sería invertir más en educación para intentar que la pandemia no siga provocando desigualdades entre alumnos y que la digitalización efectiva y eficaz sea una realidad tangible y no un simple discurso político. La clave no es enriquecerse a costa de las escuelas, sino enriquecerlas a ellas.

Que sirva de recordatorio: la educación no es un lujo, es un derecho y una oportunidad necesaria para evolucionar como sociedad, por ello, grabarla con un IVA del 21% por el hecho de ser privada es elitista y convierte a la educación en un simple negocio más.

La educación española: ¿un derecho o un negocio?